La Reforma Agraria en Colombia se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la política pública rural en 2025 para el gobierno nacional. La Agencia Nacional de Tierras (“ANT”) ha informado avances en la compra, formalización y adjudicación de predios en distintas regiones del país, como Sucre, dinamizando el mercado de tierras y modificando el entorno institucional en el que operan los actores del sector agroindustrial.
Para el sector agroexportador, especialmente en palma, café, cacao y ganadería, este contexto implica una revisión profunda de sus estrategias de adquisición, expansión y estructuración contractual. La formalización masiva de predios rurales y la incorporación de nuevas tierras al banco estatal generan un entorno en el que la verificación tradicional de títulos resulta insuficiente frente a los estándares actuales de diligencia.
Desde una perspectiva corporativa, el primer frente crítico es la debida diligencia inmobiliaria reforzada. Además del estudio de tradición y libertad, hoy resulta indispensable analizar antecedentes de baldíos, posibles procesos de clarificación de propiedad, postulaciones voluntarias para venta al Estado y eventuales afectaciones por figuras de ordenamiento social de la propiedad rural. Incluso, es fundamental considerar requisitos previos como la obligación de notificar a la ANT antes de vender ciertos predios rurales, de acuerdo con el Decreto 033 de 2025, lo que incide directamente en la estructuración de transacciones privadas.
Un segundo eje relevante es la estructuración contractual. Empresas que operan mediante arrendamientos rurales, contratos de suministro agrícola o esquemas de integración vertical deben revisar cláusulas de saneamiento por evicción, estabilidad jurídica y asignación de riesgos regulatorios. La dinámica actual aconseja incorporar declaraciones específicas sobre inexistencia de procesos agrarios pendientes, así como mecanismos de terminación o ajuste ante decisiones administrativas que afecten el uso del suelo.
Adicionalmente, la Reforma Agraria ha avanzado en la titulación de tierras en zonas con antecedentes de conflicto armado, fortaleciendo la seguridad jurídica de pequeños productores y promoviendo procesos de reparación rural. Estos avances, reportados por medios públicos y autoridades agrarias, crean oportunidades para esquemas asociativos entre empresas agroindustriales y comunidades formalizadas, siempre que se implementen estructuras sólidas de gobierno corporativo y cumplimiento normativo.
En otras palabras, estas dinámicas no solo plantean un evidente riesgo sino oportunidades para estructurar proyectos eficientes y sostenibles. En este sentido empresas con grandes proyectos de producción agrícola y agroexportación pueden formalizar alianzas estratégicas, aprovechando sinergias legales y productivas inherentes a un entorno rural cada vez más regulado. Estos acuerdos, siempre requieren sólidas estructuras de compliance, gobierno corporativo y gestión de riesgo, para operar dentro del marco de la reforma y evitar conflictos posteriores.
En este escenario, la tierra sigue siendo un activo estratégico, pero su gestión exige una aproximación integral que combine derecho agrario, inmobiliario y corporativo. La Reforma Agraria no solo redefine la política rural; eleva el estándar de diligencia exigible a quienes invierten en el campo colombiano y obliga a integrar el riesgo regulatorio dentro de la planeación empresarial de largo plazo.
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